veto ministerial al acuerdo en canarias



  • El ministro Iceta o el perro del hortelano, ni ofrece solución ni deja a los territorios que lo solucionen

  • La Constitución Española no impide ni limita sancionar al abusador, aunque sea la Administración pública

  • La Constitución Española no permite a las administraciones vulnerar el derecho a un trabajo digno y no precario


La Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal (CEPPT) no puede más que calificar de hipocresia el trato del ministro Iceta hacia el personal público temporal en abuso.

El pasado 22 de abril, afirmaba el ministro en el Senado que, en relación a la solución al abuso de temporalidad: “hay límites constitucionales”. Pues bien, esta humilde Coordinadora, a día de hoy, sigue sin encontrar ningún límite constitucional que impida sancionar a la Administración que abusa de la temporalidad, así como tampoco se encuentra ningún principio constitucional que permita a la administración vulnerar el derecho a un trabajo digno y por tanto no precario. Más bien todo lo contrario; encontramos en la Constitución el principio de legalidad en la actuación de la Administración, legalidad incumplida por más de veinte años en los que el Estado español incumple la Directiva 1999/70/CE.

En un Estado Social y Democrático de Derecho, no puede calificarse sino de vergonzoso el pretender sancionar a la víctima del abuso de la temporalidad y, aún más, el hecho de privilegiar a las administraciones que incumplen la legalidad vigente, negándose a sancionarlas.

El reciente Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea, afirma elocuentemente que la transposición del Derecho de la Unión en plazo constituye uno de los objetivos prioritarios establecidos por el Consejo Europeo, recordando que, en caso contrario, la Comisión puede pedir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la imposición de importantes sanciones económicas de manera acelerada, así como la gravedad de las consecuencias de seguir acumulando retraso en la incorporación al ordenamiento jurídico español las directivas.

Sin embargo, no hay urgencia en relación con la falta de transposición de la Directiva 1999/70/CE, que afecta a más de 800.000 empleados públicos en todo el Estado, a pesar de que el Estado español tiene abiertos diversos procesos de infracción al respecto y de que el personal público temporal en abuso, el que más tiempo lleva en nuestros servicios públicos, sigue amenazado por el cese en su puesto de trabajo a consecuencia de los mal llamados procesos de consolidación y de estabilización (PESCO). Precisamente,