RESPETANDO LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA EN EL TRATAMIENTO DE LA TEMPORALIDAD ABUSIVA EN LAS AAPP



Comunicado de la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal (CEPPT) en respuesta al comunicado de la Asociación por los Derechos de los Opositores de la Aministración de Justicia (ADOAJ).


Los principios de igualdad, mérito y capacidad se establecen en la Constitución Española en relación con el acceso a la función pública.

La Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal (CEPPT) defiende que no debemos desvirtuar esos principios de acceso convirtiéndolos en justificación para mantener a un trabajador en situación de temporalidad indefinida o para negar la debida sanción al abuso de la temporalidad. En definitiva, esos principios no son de aplicación cuando de sanción a la administración se trata.

La Administración debe actuar siempre con sometimiento pleno a la ley y al Derecho, en ningún caso debemos permitirle que se desvíe de la legalidad. Desde la CEPPT defendemos una Administración transparente, que respete en todo momento las normas, si lo hace con sus trabajadores, también lo hará con todos los ciudadanos.

Difícilmente conseguiremos justicia en las Administraciones si no hay más argumento en contra que desmerecer al igual, por ello, nadie encontrará a la CEPPT criticando a colectivo alguno para defender su postura. Nuestras reivindicaciones siempre lo son conforme a derecho y, en él, caben todas aquellas posturas que tienen entidad propia. Efectivamente, la ley habla por sí sola, el acceso a la función pública y la necesidad de sancionar el abuso de derecho son diferentes.

La CEPPT se preocupa por conseguir una Administración impecable, que cumpla con la normativa para todos, trabajadores y ciudadanos, y respetando los derechos, en este caso, tanto de opositores, que tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, como de trabajadores temporales, que ya han accedido a la administración y ahora requieren que se sancione el abuso sobre ellos cometido.

El Texto Refundido del Estatuto Básico de la Función Pública (TREBEP), no está tan alejado, como algunos pretenden, de la solución al conflicto. Concretamente, atendamos al artículo 70.1, uno de los más reinterpretados por los tribunales y por quienes pretenden enfrentar posturas, en lugar de buscar soluciones, como defiende la CEPPT. Pues bien, el TREBEP separa el acceso y el abuso por cuanto establece que: “Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de empleo público.”

“Personal de nuevo ingreso”, esta es la clave, porque el personal público temporal, no es personal de nuevo ingreso. Por tanto, así lo defiende la CEPPT: hay que solucionar la situación de los empleados públicos que llevan décadas prestando servicio, sancionado el abuso cometido sobre ellos. Así se clarificarían cuáles son las plazas para el “personal de nuevo ingreso” lo que permitiría continuar con las OPES libres con todas las garantías jurídicas, OPEs que son muy necesarias tras años de recortes, más las jubilaciones que se están produciendo.

La sanción no debe establecerla un juez, eso vulnera el principio de legalidad. La sanción debe estar siempre incluida en la ley, otra cosa generaría una inseguridad jurídica impropia de un estado social y democrático de derecho. El juez tiene el mandato de resolver conforme a derecho los litigios, pero no es legislador. Y es indiscutible que nuestra legislación no incluye, en este momento, sanción alguna al abuso de temporalidad salvo la reconocida en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores estableciendo que los trabajadores en abuso “adquirirán la condición de trabajadores fijos de la empresa.”, aquí tiene su principio la reclamación de fijeza ante los tribunales.

Llegar al absurdo de vigilar insistentemente al sector privado, para que no abuse del contrato precario, y permitir que en el sector público se supere con creces el límite de temporalidad establecido para el resto de trabajadores nos convierte en un estado incumplidor del Derecho de la Unión. La CEPPT, de hecho, asiste atónita a la titánica lucha contra la precariedad y el abuso en el sector privado por parte del Gobierno, cuando las administraciones superan los índices de precariedad del sector privado y cuando los trabajadores de las administraciones no tienen ninguna protección frente al abuso de la temporalidad, ni frente al despido, no imaginamos con qué cara se sientan a negociar con el sector privado, vista la política de despido libre y gratuito de las administraciones.

Una administración acorde a la Constitución Española no debería tener miedo a la sanción, porque jamás debería tener que aplicarla. Es por ello que reclamamos una administración que cumpla con la ley para con sus ciudadanos y para con sus trabajadores.

Y sí, Europa si se ha pronunciado claramente, en la Directiva 1999/70/CE y en su Resolución del Parlamento Europeo, de 31 de mayo de 2018, frente a la precariedad lo que mejor protege al personal abusado es la estabilidad en el empleo en igualdad de derechos y condiciones, de otro modo, seria contra natura, porque la lucha contra la precariedad también lo es contra la discriminación de los trabajadores con independencia del sector o vínculo con el que presten sus servicios.

Y sí, el TJUE obliga al juez nacional a imponer la sanción que encuentre en el ordenamiento, porque el juez no es legislador, y cuando el Estado ha incumplido con la obligación de transponer adecuadamente la Directiva, no puede beneficiarse de dicho incumplimiento, por ello le obliga a aplicar en el sector público la sanción del sector privado.

Y sí, el legislador tiene obligación de regular la sanción, acorde con los criterios del Derecho de la Unión, luego, si la fijeza es lo que mejor protege al trabajador, el legislador que no ha regulado sanción alguna para el sector público, debiera de establecer la misma para los empleados públicos actualmente en situación de temporalidad indefinida; y regular para el futuro esta u otra sanción lo suficientemente disuasoria en los términos de la jurisprudencia comunitaria para evitar que la situación actual se repita en el futuro.

La CEPPT agradece el apoyo recibido en su lucha contra la precariedad del personal público temporal, agradece a todos aquellos que han comprendido que la precariedad indefinida es una lacra, que somos las víctimas del abuso de la temporalidad y la víctima nunca es culpable de que abusen sobre ella. Agradecemos al personal valiente y entregado que el sábado salió a la calle a defender a todo el colectivo.

La CEPPT seguirá defendiendo una administración que sea modelo de legalidad y cumplimiento del derecho.

Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal


24-05-21 Comunicado CEPPT sanción al ab
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