RESPETANDO LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA EN EL TRATAMIENTO DE LA TEMPORALIDAD ABUSIVA EN LAS AAPP



Comunicado de la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal (CEPPT) en respuesta al comunicado de la Asociación por los Derechos de los Opositores de la Aministración de Justicia (ADOAJ).


Los principios de igualdad, mérito y capacidad se establecen en la Constitución Española en relación con el acceso a la función pública.

La Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal (CEPPT) defiende que no debemos desvirtuar esos principios de acceso convirtiéndolos en justificación para mantener a un trabajador en situación de temporalidad indefinida o para negar la debida sanción al abuso de la temporalidad. En definitiva, esos principios no son de aplicación cuando de sanción a la administración se trata.

La Administración debe actuar siempre con sometimiento pleno a la ley y al Derecho, en ningún caso debemos permitirle que se desvíe de la legalidad. Desde la CEPPT defendemos una Administración transparente, que respete en todo momento las normas, si lo hace con sus trabajadores, también lo hará con todos los ciudadanos.

Difícilmente conseguiremos justicia en las Administraciones si no hay más argumento en contra que desmerecer al igual, por ello, nadie encontrará a la CEPPT criticando a colectivo alguno para defender su postura. Nuestras reivindicaciones siempre lo son conforme a derecho y, en él, caben todas aquellas posturas que tienen entidad propia. Efectivamente, la ley habla por sí sola, el acceso a la función pública y la necesidad de sancionar el abuso de derecho son diferentes.

La CEPPT se preocupa por conseguir una Administración impecable, que cumpla con la normativa para todos, trabajadores y ciudadanos, y respetando los derechos, en este caso, tanto de opositores, que tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, como de trabajadores temporales, que ya han accedido a la administración y ahora requieren que se sancione el abuso sobre ellos cometido.

El Texto Refundido del Estatuto Básico de la Función Pública (TREBEP), no está tan alejado, como algunos pretenden, de la solución al conflicto. Concretamente, atendamos al artículo 70.1, uno de los más reinterpretados por los tribunales y por quienes pretenden enfrentar posturas, en lugar de buscar soluciones, como defiende la CEPPT. Pues bien, el TREBEP separa el acceso y el abuso por cuanto establece que: “Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de empleo público.”

“Personal de nuevo ingreso”, esta es la clave, porque el personal público temporal, no es personal de nuevo ingreso. Por tanto, así lo defiende la CEPPT: hay que solucionar la situación de los empleados públicos que llevan décadas prestando servicio, sancionado el abuso cometido sobre ellos. Así se clarificarían cuáles son las plazas para el “personal de nuevo ingreso” lo que permitiría continuar con las OPES libres con todas las garantías jurídicas, OPEs que son muy necesarias tras años de recortes, más las jubilaciones que se están produciendo.

La sanción no debe establecerla un juez, eso vulnera el principio de legalidad. La sanción debe estar siempre incluida en la ley, otra cosa generaría una inseguridad jurídica impropia de un estado social y democrático de derecho. El juez tiene el mandato de resolver conforme a derecho los litigios, pero no es legislador. Y es indiscutible que nuestra legislación no incluye, en este momento, sanción alguna al abuso de temporalidad salvo la reconocida en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores estableciendo que los trabajadores en abuso “adquirirán la condición de trabajadores fijos de la empresa.”, aquí tiene su principio la reclamación de fijeza ante los tribunales.

Llegar al absurdo de vigilar insistentemente al sector privado, para que no abuse del contrato precario, y permitir q