La modificación del TREBEP o cómo pedir a gritos una nueva multa de Europa



COMUNICADO CEPPT SOBRE LA PROPUESTA DEL MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA SOBRE LA REFORMA DEL EBEP

La legislación del sector público español no cumple con la Directiva 1999/70/CE, lo que convierte en imperativo modificar el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP).

Con mayor motivo, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE), de 19 de marzo de 2020, (asuntos acumulados C 103/18 y C 429/18), en la que El TJUE concluye que la legislación española del sector público no contiene medidas suficientes para evitar los abusos derivados de la utilización abusiva y recurrente por parte de las administraciones públicas a contratos o relaciones laborales temporales para cubrir sus necesidades permanentes y duraderas.

La Directiva 1999/70/CE requiere según el TJUE:

  • Que exista sanción al abuso de la temporalidad tanto en el sector público, como en el sector privado.

  • Que se respete el principio de equivalencia en la sanción, en todos los sectores, para que los trabajadores del sector público y del sector privado gocen de protección similar.

Por tanto, la modificación del TREBEP debería tener como finalidad incluir medidas suficientes y adecuadas para prevenir y sancionar el abuso de la temporalidad de forma acorde con el Derecho de la Unión. Nada más lejos de la realidad.

La propuesta del MPTFP, lejos de ser una solución real al problema de la temporalidad en el empleo, lo agrava. Además, supone un claro desafío al TJUE y a las Instituciones Europeas, lo que nos expone a importantes sanciones económicas (artículo 260.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea –TFUE–), al haberse recibido las correspondientes cartas de emplazamiento y existir un procedimiento de infracción abierto por la Comisión.

La propuesta del MPTFP es únicamente una prolongación del actual sistema para disponer de personal interino sin límite temporal, ni sanción. Con esta propuesta, la administración únicamente ha pretendido poder continuar con su actual política de usar personal temporal de forma continuada, garantizado, con una redacción confusa, que no pueda nunca determinarse que existe abuso sobre dicho personal precarizado y por tanto una sanción que compense a la víctima.

En concreto:

1) La propuesta del artículo 10.1 a) limita, supuestamente, la relación de interinidad a 3 años, en cuanto dispone:

“Artículo 10. Funcionarios interinos.

1. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera por un máximo de tres años, en los términos previstos en el apartado 4 de este artículo.

En principio, lo único que parece establecerse es que ninguna relación temporal superará los tres años. Por tanto, exista o no una necesidad de cubrir una vacante las administraciones, a los tres años, cesarán a personal formado y competente.

No obstante, al no establecer sanción que proteja suficientemente al personal público para el caso de que se supere el límite temporal (a título de ejemplo el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores que establece que superado el límite temporal de duración del contrato los trabajadores afectados “adquirirán la condición de trabajadores fijos de la empresa”), en la práctica, la propuesta, no solo, no cumple con los objetivos de la Directiva, sino que deja abierta la posibilidad que la administración pueda alargar la relación interina, durante todo el plazo en que se intenta cubrir la plaza, consiguiendo así que puedan superarse los tres años, sin que exista sanción y sin que la persona interina pueda reclamar relación abusiva aunque se superen los 3 años.

En resumen:

A) No se establece cuál es la sanción que debe resarcir a la víctima de abuso para el caso de que ese límite de 3 años se supere, en claro incumplimiento con el mandato del TJUE y, por tanto, no se cumple con el Derecho de la Unión.

Resulta imprescindible que el TREBEP concrete la sanción, en términos de la legislación europea, con que se resarciría al trabajador que supere un límite temporal que no pueda ampliarse a criterio de la administración, a los únicos efectos de privar a la persona abusada de reclamar la sanción.

A mayor abundamiento, tampoco las “medidas dirigidas al control de la temporalidad en el empleo público” recogidas en la Disposición adicional decimoséptima se concretan, dado que las mismas están condicionadas a su posterior desarrollo normativo por parte de las distintas Administraciones Públicas.

B) El supuesto límite de 3 años del artículo 10.1 a) es incoherente con el artículo 10.4 que dispone:

“… la plaza deberá obligatoriamente incluirse en la oferta de empleo público correspondiente al ejercicio en el que se produzca su nombramiento y, si no fuera posible, en la siguiente, en los términos previstos en la normativa presupuestaria.

El nombramiento del personal interino podrá mantenerse hasta que finalice la ejecución de los procedimientos anteriores siempre que la correspondiente convocatoria se publique dentro del plazo de tres años desde su nombramiento. De no cumplirse lo anterior, transcurridos tres años desde el nombramiento se producirá el cese del funcionario interino, sin que pueda cubrirse esa vacante en el plazo de un año.”

Al establecer, el punto cuarto, que el nombramiento del personal interino puede mantenerse hasta que finalicen los procedimientos para cubrir la plaza, siempre que la convocatoria se publique en el plazo de tres años desde el nombramiento, la Administración incumplidora insiste en mantener en precario a sus trabajadores, por cuanto la regla general es que se eterniza el procedimiento para cubrir la plaza, no sin antes advertir y reiterar que el trabajador afectado no genera derecho ni protección alguna.

Se observa, claramente, que la única voluntad de la reforma es que la administración pueda mantener su actual sistema de mantener tanto tiempo como le interese a un trabajador precarizado, sin que exista ninguna protección frente a tal abuso, ni frente al posterior despido, de hecho, la propuesta sí insiste y reitera que el trabajador interino no genera ningún derecho al respecto, en cuanto la propuesta dispone que el funcionario interina “en ningún caso dará lugar al reconocimiento de la condición de funcionario de carrera o expectativa de permanencia”, y que por lo que respecta a las causas de cese “sin que ninguna de ellas genere derecho a indemnización”.

Por tanto, la modificación propuesta tiene como principal motor determinar la nula adquisición de derechos al personal interino en el caso de abuso.

En resumen, se mantiene el régimen de interinidad permanente a demanda de la administración que no sanciona el abuso y despoja de cualquier derecho al personal público temporal.

De hecho, el TJUE ya ha tenido oportunidad de pronunciarse en relación a otros estados miembros que han pretendido aprobar normas que no se adaptaban suficientemente a la Directiva 1999/70/CE, así en la STJUE (Sala Primera) de 8 de mayo de 2019, donde se expone que “conviene hacer constar que, en su sentencia de 26 de noviembre de 2014, Mascolo y otros (C22/13, C61/13 a C63/13 y C418/13, EU:C:2014:2401), el Tribunal de Justicia estimó que la normativa anterior a la Ley 107/2015 no establecía sanciones con un carácter lo bastante efectivo y disuasorio como para garantizar la plena eficacia de las normas adoptadas en aplicación del Acuerdo Marco.”

España pretende seguir la misma línea, incumpliendo el Derecho de la Unión limitando la protección al personal público en situación de abuso ofreciéndole nula protección, a diferencia de lo que ocurre con el resto de trabajadores a los que se otorga suficiente protección de acuerdo con el citado artículo 15 ET.

Finalmente, a pesar de lo urgente de la situación, la propuesta llega tarde, mal y sigue sin ofrecer solución a los trabajadores que actualmente ya están en una situación de abuso insostenible. No parecer tener sentido alguno, formular una propuesta que no aborda el problema a futuro, ni soluciona el problema de la precariedad generada que es imperativo resolver con urgencia ante la avalancha de ceses de personal abusado durante décadas.

Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal CEPPT

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