ICETAZO: CAMINAMOS HACIA ATRÁS COMO LOS CANGREJOs



  • MENUDA BIRRIA DE ACUERDO SOBRE EL PLAN DE CHOQUE PARA REDUCIR LA TEMPORALIDAD EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

LAMENTABLE acuerdo de lucha contra la precariedad en las Administraciones Públicas que nos brindan sindicatos mayoritarios y el Gobierno más progresista de la historia.

Ni el acuerdo ofrece seguridad jurídica, ni define con claridad la situación de abuso, ni incorpora medidas disuasorias, ni mucho menos sancionadoras de abuso como afirman algunos.

Pretender que el acuerdo firmado cumpla con uno solo de los requisitos impuestos por Europa es insultar la inteligencia de cualquiera; no hace falta ser experto en Derecho de la Unión, solo saber leer.

Veamos a qué llaman algunos seguridad jurídica y definición clara del abuso los supuestos defensores de los trabajadores:

Se establece una duración máxima de tres años de temporalidad, hasta ahí llega la claridad, para devolvernos, seguidamente, a la confusión corregida y aumentada.

“No obstante”, continua el acuerdo, el interino puede permanecer hasta la resolución de la convocatoria, ya la pifiamos, ahora ya no se sabe si el abuso son tres años o treintaitrés. Y aquí, el cese del interino no implicará compensación. Nuestro gozo en un pozo.

¡Toma claridad y seguridad jurídica! Si el proceso se hace eterno, sin saber exactamente por cuánto tiempo más y sin que el interino tenga culpa alguna pues ya no hay derecho a recibir ni la más mínima compensación.

¡Y qué les parece eso de las actuaciones irregulares!, ni seguras, ni claras; nadie sabe lo que son porque a las Administraciones se les permite todo. Serán las que no son regulares se supone. Eso sí, darán lugar a las responsabilidades que procedan: ¡caramba con lo que algunos llaman seguridad jurídica!, ¿alguien sabe a qué responsabilidades se refieren? ¿serán las penales? Nos quedamos con al duda, porque el texto no especifica nada al respecto.

¡Y lo de la indemnización es insuperable! Ahí si le han dado a la seguridad jurídica: “vamos a asegurarnos que ningún trabajador público cobre indemnización.”

Para empezar, ojito, que ya hemos visto que si la administración se eterniza en sus quehaceres no te corresponde indemnización.

La indemnización no es por abuso, sino al cese, no vaya a ser que la administración no pueda abusar del trabajo temporal tanto como quiera… Vamos, que sólo se indemniza al personal en abuso cuando acaben de abusar y por tanto lo cesa.

Aunque tampoco entonces se tiene derecho: si tras el abuso no se pasa por un proceso selectivo pues no hay indemnización. ¡Toma requisito! Europa desgañitándose en afirmar que los procesos de estabilización no son sanción ni solución al abuso, y nuestros sindicatos obligándonos a que nos examinen para indemnizarnos. Para flipar si no fuera para echarse a llorar.

Pero la cosa mejora porque Europa ya ha concluido que sólo la indemnización por despido improcedente podría ser acorde al Derecho de la Unión. Esto, que parece fácil de cumplir, ¡pues tampoco!; nuestros sindicatos pactan la indemnización mínima, aunque parece que incluso la menor indemnización conseguida era demasiado para nuestros servidores públicos precarizados, así que hay que seguir escatimando y se les ha ocurrido la brillante idea de que sólo se vincula la indemnización al último nombramiento.

¡Brutal! ¿Realmente alguien pretende que agradezcamos semejante abuso del abuso?

Y ahora llegamos al clímax, redoble de tambores a las cuestiones relativas a los efectos y consecuencias del Acuerdo, incluida la compensación económica: SOLO SERÁN DE APLICACIÓN A LOS NOMBRAMIENTOS Y CONTRATACIONES EFECTUADOS CON POSTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA DEL TREBEP.

Aquí os confesamos que nos hemos perdido: si el problema urgente a solventar es el abuso de la temporalidad, ¿cómo se come que nada de lo dicho sirva para los que estamos en abuso?

Alguien querrá, aún, que agradezcamos semejante tomadura de pelo. Nos ponen en ridículo ante Europa y por enésima vez se desprecia a miles de servidores públicos al límite de la desesperación al ver que quienes deberían velar por sus derechos los pisotean alardeando de ello.

Lejos de ver seguridad, claridad y sanción al abuso en el Acuerdo firmado, creemos que se trata de un nuevo acuerdo de la vergüenza, impropio e indigno de un Estado social y democrático de derecho. Negar la protección debida a cualquier trabajador víctima del abuso de la temporalidad es socavar los cimientos del derecho a un trabajo digno. No podemos pretender tener una administración del siglo XXI negando a los servidores públicos la protección que les corresponde frente al abuso de la temporalidad. La lucha contra la precariedad no puede referirse únicamente al sector privado, no puede negarse a los servidores públicos una protección equivalente a la que se da en el sector privado contra el abuso.

La firma del Acuerdo es una nueva vulneración de los derechos de nuestros trabajadores públicos en situación de abuso de temporalidad que, por desgracia, siguen indefensos y desprotegidos total y absolutamente frente al abuso de la temporalidad y frente al despido.

Esperemos que el Congreso ponga algo de sentido común y no convalide semejante despropósito en contra de los trabajadores públicos y abiertamente contrario a las directrices europeas.

#FIJEZAYAESCONSTITUCIONAL

#SANCIONALABUSOESCONSTITUCIONAL

Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal


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