Hay un Ministro burlón, que miente y no cumple la Constitución



El Ministro Iceta define la sanción al abuso de la temporalidad cometido por las administraciones públicas como un “atajo”

El Ministro y toda la Función Pública se han negado reiteradamente a recibir a la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal (CEPPT), tal vez sea para no mentirnos a la cara o, aún peor, para no quedarse sin argumentos ante su, ciertamente, desviada interpretación de qué abusos permite la ley y cuáles de ellos no merecen sanción.

Recordarle al señor Ministro, tan preocupado por la legalidad, que:

  • La Constitución Española no permite en ningún caso que las administraciones actúen al margen de la legislación,

  • La temporalidad abusiva, la que comporta el uso de personal precario para hacer funciones estructurales, no está amparada por la Constitución, que tampoco ampara el uso de la temporalidad para saltarse la prohibición de contratar personal estructural,

  • La Constitución, efectivamente, no permite a las administraciones retorcer la legislación a su antojo y conveniencia para culpabilizar a la víctima de la contratación temporal abusiva,

  • Tampoco lo consiente el Derecho de la Unión, que rechaza frontalmente la precariedad y, con mayor motivo, rechaza reconducir la sanción a la víctima de abuso, en cualquiera de las formas que se le han ocurrido al Estado español:

  1. Cambio de temporalidad por temporalidad, por ejemplo, con la creación de la categoría de indefinido no fijo, creada para el sector privado y su equivalente de más reciente creación para el sector público (Tribunal Supremo/Contencioso-Administrativa (SSTS-CA) (2) 26 de septiembre 2018 (rec. 1305/2017; y rec. 785/2017)),

  2. Los procesos selectivos como sanción o solución al abuso de la temporalidad, por mucho que pretenda engañarnos con la supuesta falsa bicoca de los méritos. Un proceso selectivo no es sanción a la administración en ningún caso ni los méritos blanquean lo que es un despido directo.

Pretende el señor Ministro que la solución de quienes llevan décadas atendiendo a la ciudadanía en sus múltiples formas es un problema de acceso, lo que es falso, y una clara falta de respeto al trabajo que han desempeñado nuestros sanitarios, maestros, educadores y tantos otros durante décadas y, por supuesto, a las personas a quienes han atendido.

Pues bien, la Constitución no está para reinterpretarla a su antojo, señor Ministro. La igualdad, el mérito y la capacidad sólo se refieren al acceso, en ningún caso permiten el abuso sufrido a quienes llevan décadas al servicio del ciudadano. Inventarse prohibiciones que no están en la legislación es vulnerar el principio de seguridad jurídica, también constitucional.

Discriminar la competencia de los trabajadores en función del vínculo, no sólo es inconstitucional, sino que vulnera el Derecho de la Unión y también conlleva una clara vulneración del principio de equivalencia, reiteradamente declarado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque comporta dejar desprotegido al trabajador del sector público frente al abuso de la temporalidad, mientras en el sector privado se otorga la fijeza al personal en abuso de la temporalidad. Si se niega a aplicar la misma sanción en el sector público, deberá prever obligadamente una sanción que proteja, a nivel similar a la fijeza, al trabajador abusado, de otro modo se vulnerará la Constitución y el Derecho de la Unión.

Llamar “atajo” a las legítimas pretensiones de quienes llevan a sus espaldas décadas de precariedad, bajo unas administraciones supuestamente vinculadas por el principio de legalidad, también constitucional, es una burda falsedad sobre la que en algún momento tendrán que responder todos aquellos que, como usted, pretenden engañar a trabajadores y ciudadanos, así como a las instituciones europeas.

Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal

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