Hay un Ministro burlón, que miente y no cumple la Constitución



El Ministro Iceta define la sanción al abuso de la temporalidad cometido por las administraciones públicas como un “atajo”

El Ministro y toda la Función Pública se han negado reiteradamente a recibir a la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal (CEPPT), tal vez sea para no mentirnos a la cara o, aún peor, para no quedarse sin argumentos ante su, ciertamente, desviada interpretación de qué abusos permite la ley y cuáles de ellos no merecen sanción.

Recordarle al señor Ministro, tan preocupado por la legalidad, que:

  • La Constitución Española no permite en ningún caso que las administraciones actúen al margen de la legislación,

  • La temporalidad abusiva, la que comporta el uso de personal precario para hacer funciones estructurales, no está amparada por la Constitución, que tampoco ampara el uso de la temporalidad para saltarse la prohibición de contratar personal estructural,

  • La Constitución, efectivamente, no permite a las administraciones retorcer la legislación a su antojo y conveniencia para culpabilizar a la víctima de la contratación temporal abusiva,

  • Tampoco lo consiente el Derecho de la Unión, que rechaza frontalmente la precariedad y, con mayor motivo, rechaza reconducir la sanción a la víctima de abuso, en cualquiera de las formas que se le han ocurrido al Estado español:

  1. Cambio de temporalidad por temporalidad, por ejemplo, con la creación de la categoría de indefinido no fijo, creada para el sector privado y su equivalente de más reciente creación para el sector público (Tribunal Supremo/Contencioso-Administrativa (SSTS-CA) (2) 26 de septiembre 2018 (rec. 1305/2017; y rec. 785/2017)),

  2. Los procesos selectivos como sanción o solución al abuso de la temporalidad, por mucho que pretenda engañarnos con la supuesta falsa bicoca de los méritos. Un proceso selectivo no es sanción a la administración en ningún caso ni los méritos blanquean lo que es un despido directo.

Pretende el señor Ministro que la solución de quienes llevan décadas atendiendo a la ciudadanía en sus múltiples formas es un problema de acceso, lo que es falso, y una clara falta de respeto al trabajo que han desempeñado nuestros sanitarios, maestros, educadores y tantos otros durante décadas y, por supuesto, a las personas a quienes han atend