concentraciones en toda España para reclamar #FijezaYA para los empleados públicos en fraude de ley



  • La Coordinadora denuncia que la reforma del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) por el procedimiento de urgencia no es acorde con la Constitución,

  • El cambio de doctrina adoptado recientemente por el Tribunal Supremo en relación al fraude de ley incumple el Derecho de la Unión.

La Coodinadora Estatal de Personal Público Temporal (CEPPT) ha convocado hoy miércoles, día 30 de junio, concentraciones ante las Delegaciones y las Subdelegaciones del Gobierno español en toda España. Con esta medida, la CEPPT pretende exigir a la Administración que cumpla con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 19 de marzo de 2020, y haga fijo al personal que trabaja en fraude de ley en el sector público. Con las protestas también se denunciará que el reciente cambio de doctrina del Tribunal Supremo en relación al personal en fraude de ley incumple el Derecho de la Unión ya que se continúa ignorando la obligación de sancionar el abuso cometido con estas trabajadoras, habiéndose desestimado por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que una sanción económica tenga esta finalidad.

La CEPPT, en representación de 800.000 temporales en toda España,

MANIFIESTA que:

El Ministro de Política territorial y función pública, el Sr. Iceta quiere llevar al Congreso de los Diputados la reforma del TREBEP para que sea aprobada mediante Decreto ley por el procedimiento de urgencia, para transponer la Directiva 1999/70/CE de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre trabajo de duración determinada.

El Gobierno de la Nación quiere aprobar este decreto en la semana del 5 de julio, tras 22 años desde la publicación de la Directiva sin que ésta haya sido transpuesta al sector público, y para ello ahora quiere hacerlo por el procedimiento de urgencia.

Para la CEPPT, el decreto que se prepara vulnera flagrantemente la constitución española de 1978, ya que regula materias prohibidas al Decreto ley y no existe urgencia ni necesidad, ya que se trata de una legislación básica. Además, vulnera también la ley orgánica reguladora del Consejo de Estado, LO 3/80 de 22 de abril, que atribuye Dictamen preceptivo al Pleno del Supremo órgano consultivo, cuando se trate de proyectos legislativos de desarrollo del derecho comunitario, así como, la propia Ley del Gobierno, Ley 50/97 de 27 de noviembre donde también se establece.

Además, el borrador de la Reforma del TREBEP no incorpora las recientes interpretaciones del TJUE en sus Sentencias de 19/03/2020; del 03/06/20201, ni del Auto de 02/06/2021.

Por ello, presentaremos la siguiente carta al Ministro en coordinación con la coordinadora estatal de personal público temporal (CEPPT). Y no pararemos hasta que se nos reconozca la estabilidad en nuestros puestos de trabajo como sanción al abuso sufrido.


Miquel Iceta Llorens

Ministro de Política Territorial y Función Pública


Excmo. Sr. Ministro

Ha llegado a nuestro conocimiento la propuesta efectuada desde su Ministerio, como respuesta a los reiterados requerimientos realizados desde Europa, para dar solución a la temporalidad abusiva en las administraciones públicas.

Por la presente, le exponemos nuestra total disconformidad con las líneas de actuación propuestas. Además, resulta imperativo recordarle que la propuesta de su Ministerio es radicalmente contraria a todos los pronunciamientos que nos llegan desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), como es bien sabido por usted, no solo a la luz de las distintas sentencias del TJUE, sino de conformidad con los diferentes informes que se le han facilitado como el de la presidenta emérita del Tribunal Constitucional.

Como ya será de su conocimiento, en pronunciamientos recientes, el TJUE, DE NUEVO, concluye que en el sector público español no se está cumpliendo la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre trabajo de duración determinada.

Las consecuencias son graves porque el TJUE ha evidenciado que nuestro Tribunal Supremo (TS), incumple abiertamente el Derecho de la Unión, lo que conlleva que, sus reiteradas sentencias contra las legítimas pretensiones del personal público temporal en situación de abuso, son contrarias al Derecho de la Unión.

Fruto de ello es que el Consejo General del Poder Judicial ha hecho público el cambio de doctrina del TS en relación con la temporalidad abusiva. Así, el TS ha decidido, por unanimidad, rectificar la aplicación que venía haciendo de su propia doctrina en relación a la duración del contrato de interinidad por vacante en el sector público, entendiendo la Sala que, con carácter general, una duración superior a tres años debe considerarse injustificadamente larga, lo que comportará que el trabajador interino pase a ostentar la condición de indefinido no fijo.

Recordemos también que, de acuerdo con doctrina reiterada manifestada desde las instituciones europeas, la sanción que mejor protege al personal en abuso de temporalidad es la estabilidad en el empleo, en igualdad de derechos y condiciones, por eso se establece así para el sector privado y por eso el TJUE destierra la figura del indefinido no fijo entendida en el sentido que permite la amortización de la plaza o el cese del personal abusado, por tanto, la figura de indefinido no fijo, para el TJUE, debe ser equivalente a la estabilidad en el empleo en igualdad de derechos y condiciones que los trabajadores comparables.

La FIJEZA EN IGUALDAD DE CONDICIONES Y DERECHOS es la única PROPUESTA acorde al Derecho de la Unión que protege debida y suficientemente al personal público en abuso de temporalidad (Resolución del Parlamento Europeo, de 31 de mayo de 2018), que permite, sin coste económico alguno conservar el capital humano que actualmente sostiene las diferentes administraciones públicas.

La actual doctrina del TJUE se resume en los siguientes puntos:

  • El abuso de la temporalidad exige sanción del legislador tanto en el sector público, como en el sector privado, siendo fundamental el principio de equivalencia para que todos los trabajadores gocen de protección similar que, sin obligación de que sea la misma, debe ser equivalente.

  • NO SON SANCIONES ACORDES AL DERECHO DE LA UNIÓN: ni los procesos selectivos, ni las indemnizaciones no previstas como sanción en la ley, ni la categoría de “indefinido no fijo” en cuanto se permite amortizar la plaza o cesar al empleado público temporal y no permite disfrutar de las mismas condiciones que el fijo, a diferencia de la transformación en el sector privado.

  • La interpretación que realizaba hasta ahora el TS del TREBEP no se adapta a la doctrina del TJUE. Tampoco la interpretación de sucesivas relaciones de trabajo que resulta tan restrictiva que permite la utilización abusiva de la temporalidad. En ningún caso, la crisis y la legislación presupuestaria no justifican abusar de la temporalidad.

No existe justificación alguna, admisible en derecho, para la inexistencia de sanción a la administración que abusa de la temporalidad, ni mucho menos se justifica trasladar la sanción a la víctima de abuso, mediante unos procesos selectivos que no tienen efectos disuasorios, ni de sanción sobre la administración que abusa y, en cambio sancionan a la víctima de abuso (apartado 101 STJUE 19 de marzo de 2020).

El Derecho de la Unión exige que la sanción sea proporcionada, efectiva y disuasoria. Sólo la fijeza cumple esos criterios otorgando suficiente protección a la persona abusada y sin coste alguno para las administraciones públicas. En cualquier otro caso, de no obtenerse la fijeza, deberá compensarse económicamente el abuso sufrido en términos del derecho de la Unión y, dados los índices de temporalidad, las cuantías económicas se convertirán, sin duda, en inasumibles.


Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal

30 de Junio de 2021


210630_Concentraciones30J_Carta Iceta
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