concentraciones en toda España para reclamar #FijezaYA para los empleados públicos en fraude de ley



  • La Coordinadora denuncia que la reforma del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) por el procedimiento de urgencia no es acorde con la Constitución,

  • El cambio de doctrina adoptado recientemente por el Tribunal Supremo en relación al fraude de ley incumple el Derecho de la Unión.

La Coodinadora Estatal de Personal Público Temporal (CEPPT) ha convocado hoy miércoles, día 30 de junio, concentraciones ante las Delegaciones y las Subdelegaciones del Gobierno español en toda España. Con esta medida, la CEPPT pretende exigir a la Administración que cumpla con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 19 de marzo de 2020, y haga fijo al personal que trabaja en fraude de ley en el sector público. Con las protestas también se denunciará que el reciente cambio de doctrina del Tribunal Supremo en relación al personal en fraude de ley incumple el Derecho de la Unión ya que se continúa ignorando la obligación de sancionar el abuso cometido con estas trabajadoras, habiéndose desestimado por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que una sanción económica tenga esta finalidad.

La CEPPT, en representación de 800.000 temporales en toda España,

MANIFIESTA que:

El Ministro de Política territorial y función pública, el Sr. Iceta quiere llevar al Congreso de los Diputados la reforma del TREBEP para que sea aprobada mediante Decreto ley por el procedimiento de urgencia, para transponer la Directiva 1999/70/CE de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre trabajo de duración determinada.

El Gobierno de la Nación quiere aprobar este decreto en la semana del 5 de julio, tras 22 años desde la publicación de la Directiva sin que ésta haya sido transpuesta al sector público, y para ello ahora quiere hacerlo por el procedimiento de urgencia.

Para la CEPPT, el decreto que se prepara vulnera flagrantemente la constitución española de 1978, ya que regula materias prohibidas al Decreto ley y no existe urgencia ni necesidad, ya que se trata de una legislación básica. Además, vulnera también la ley orgánica reguladora del Consejo de Estado, LO 3/80 de 22 de abril, que atribuye Dictamen preceptivo al Pleno del Supremo órgano consultivo, cuando se trate de proyectos legislativos de desarrollo del derecho comunitario, así como, la propia Ley del Gobierno, Ley 50/97 de 27 de noviembre donde también se establece.