campaña de transparencia para cuantificar la temporalidad abusiva

  • Se ha difundido un modelo para solicitar los datos, en cumplimiento de las políticas públicas de transparencia

  • Publicar las cifras permitirá poner en evidencia la vulneración del Derecho de la UE y alertar a las instituciones europeas.



Resulta imprescindible cuantificar las personas en situación de temporalidad abusiva en todo el sector público, como paso previo a ofr ecerles una solución efectiva y suficiente.

Mientras el problema no se aborde en clave de personas afectadas, en lugar de hacerlo en función de plazas, no podrá legislarse solución real alguna para el personal temporal actualmente en situación de abuso.

Ni el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, ni las distintes administraciones públicas, han ofrecido datos reales de personas que, a día de hoy, se hallan en situación de temporalidad de larga duración, por lo que resulta difícilaceptar que, realmente, haya voluntad de solucionar el evidente problema de temporalidad abusiva existente en las diferentes Administraciones Públicas.

Por este motivo, la CEPPT ha facilitado un modelo a nivel nacional para que, en cumplimiento de las políticas públicas de transparencia, se soliciten, entre otros, los datos relativos a las personas en situación de temporalidad superior a los tres años en las diferentes administraciones públicas.

Recordemos que la precariedad laboral en todas las administracions públicas se ha disparado, favorecida por el incumplimiento del Estado español de la Directiva 1999/70/CE , que sólo se aplica en el sector privado y no en el sector público, así como por el incumplimiento de la doctrina reiterada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE de 19 de marzo de 2020 y Auto TJU E de 30 de septiembre de 2020).

Con estos datos, la CEPPT espera poner en evidencia la vulneración del Derecho de la Unión y conseguir alertar a las instituciones europeas que, el pasado mes dediciembre, aprobaban un sistema que condiciona la recepción de fondos europeos, estableciendo que se suspenderán las ayudas si la Comisión Europea detectavulneración de los principios del Estado de Derecho.