#8M la temporalidad abusiva tiene nombre de mujer


El 72,6% del personal no fijo que trabaja en el conjunto de las administraciones públicas españolas son mujeres: 409.184 del total de 563.519 personas actualmente en precario. La mayoría, interinas. Son datos publicados en el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, que edita el Gobierno de España y cerrados a julio de 2020.

Según el Instituto Nacional de Estadística, 2020 finalizó con una tasa de temporalidad del 29,9% en el conjunto de las Administraciones en toda España. Por desgracia, con estos datos, la reivindicación del Día Internacional de la Mujer Trabajadora continúa siendo hoy en día, en España, muy vigente.

Si las cifras son alarmantes, aún lo es más el proceso de convocatoria masiva de oposiciones. Unas convocatorias que afectan los puestos de trabajo de las mujeres en abuso de temporalidad y con las que la Administración ha pretendido solucionar el problema endémico de la precariedad en el sector público que, a diferencia del sector privado, no dispone de la sanción ante el abuso a que obliga la Directiva 1999/70/CE de 28 de junio de 1999, sobre trabajo de duración determinada. Por tanto, miles de trabajadoras del sector público están absolutamente desprotegidas ante el abuso de las administraciones empleadoras.

La Prensa se ha hecho eco de ello estos últimos días: la Comisión Europea ha vuelto a recriminar a España por los altos índices de temporalidad en el conjunto de las Administraciones. Además, por sentencia del 19 de marzo de 2020, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha entendido que los procesos selectivos pactados y que afectan a mujeres en abuso no son la solución a la temporalidad abusiva, y aún menos una sanción a la Administración abusadora.

De todo ello se desprende una obviedad: el acuerdo a que llegaron las grandes centrales sindicales españolas con el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017 para resolver la situación ha sido un fiasco. Como consecuencia de ello, Europa se muestra insatisfecha con España y el Gobierno de Pedro Sánchez no ha hecho aún lo necesario para cumplir con la citada Directiva: sancionar a las administraciones empleadoras que abusan, tal como pasa con las empresas del sector privado, donde sí se ha conseguido reducir la temporalidad.

En cambio, la falta de sanción a las administraciones que abusan de la temporalidad ha impedido conseguir el objetivo del acuerdo, de reducir la temporalidad hasta el 8% en la Administración. Como hemos visto antes, ésta, hoy, roza el 30% en toda España, afectando en mayor medida a mujeres con una media de edad de 50 años, con cargas familiares y que han estado al pie del cañón en los sectores que más han sufrido la COVID, como es el caso de las trabajadoras de las residencias y del sector sanitario, entre otras; colectivos altamente feminizados y precarizados.

Desde la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal (CEPPT) aplaudimos las recientes declaraciones del ministro Iceta en el acto de toma de posesión de los altos cargos nombrados por él, esta semana pasada. Tres minutos de discurso haciendo referencia a un problema que afecta ya a casi un millón de personas en todo el país. Tres minutos en que el nuevo ministro declaraba que el Gobierno central trabaja en un nuevo ordenamiento «que impida que, de cara al futuro, continúen acumulándose casos de temporalidad injustificada y que, además, resuelva la cuestión de aquellos, de aquellas que llevan ya mucho tiempo trabajando en la Administración desde ese puesto de interinos y que tienen todo el derecho a que se les atribuya, en permanencia, una plaza»

A pesar de esto, estas declaraciones se quedan tan sólo en buenas intenciones si el Ministerio no da un paso hacia adelante y paraliza las oposiciones de las plazas que están en abuso de temporalidad. Unos procesos declarados improcedentes para sancionar los abusos y que dejan sin ningún tipo de protección al sector más débil de la precarización: las mujeres víctimas del abuso, despedidas sin ningún derecho reconocido tras décadas de servicio público. Convocatorias aprobadas en plena pandemia y que afectan a colectivos que han tenido que hacer frente a una sobrecarga de trabajo, a causa de la emergencia sanitaria; por tanto, sin tiempo suficiente para estudiar. Convocatorias, además, previstas para unas fechas en que la propia Administración pronosticaba un aumento de infecciones; por tanto, un nuevo