la fijeza del personal público en abuso es acorde al derecho de la unión y es plenamente constitucional

Cuan frágil es la memoria, sobre todo si nos piden que recordemos aquellos aspectos que vienen a contradecir nuestras posiciones actuales. Dicen que la ley no permite la Fijeza... 

 

Jugaremos a la "Maldita hemeroteca" para recordar a los inquisidores de la Constitución, que en España ya se han hecho diferentes regularizaciones administrativas sin mancillar, por ello, el honor de la carta magna, como recordaba recientemente el ex-ministro Jerónimo Saavedra. 

Jerónimo Saavedra: Ministro de Administraciones Públicas (1993). También fue miembro del Comité Ejecutivo de la UGT (1976 - 1983)

Una vez hecho este inciso y habiendo dedicado un epígrafe entero a la Constitución Española nos centraremos en la jurisprudencia que avala la regularización administrativa en cumplimiento de la directiva 1999/70/CE.

Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda), de 19 de marzo de 2020 

En la sentencia de marzo de 2020, el TJUE dictó expresamente que los empleados públicos temporales españoles llevaban desde la década de los 90 sufriendo abuso continuado por parte de las diferentes administraciones en sus relaciones contractuales. La sentencia establecía que era neceario sancionar a las administraciones abusadoras y resarcir a las víctimas.

Según la sentencia:

  • Las administraciones contratantes no pueden ampararse en la normativa nacional para negar el abuso de temporalidad cuando el empleado realiza funciones ordinarias y permanentes, es decir estructurales.

  • Reconoce con el mismo nivel de ilegalidad tanto la concatenación de sucesivos contratos temporales como la existencia de uno sólo de larga duración, ésto es, según el EBEP, en el caso más desfavorable 3 años.

  • Estima que los procesos selectivos que UGT, CC.OO y CSIF describieron en 2017 como de “estabilización” no son la herramienta adecuada para prevenir y sancionar el abuso del empleador en la contratación temporal, puesto que no sanciona al infractor y no resarce a la víctima, el trabajador.

  • Pone fin a la figura del indefinido no fijo ya que esta categoría no disfruta de las mismas condiciones de trabajo que un empleado fijo ya que puede ser cesado o removido de su puesto y, por tanto, este nombramiento tampoco puede ser concebido como una medida sancionadora hacia la Administración.

  • El hecho de que el empleado público no haya impugnado sus nombramientos y ceses no los priva de la protección de la normativa europea.

 

No te digo que te vistas, pero ahí tienes la ropa.

Da la sención que algunos juristas dejan de leer las sentencias, a las primeras de cambio, si encuentran algún argumento que parece que corrobora sus postulados. Harían bien en seguir leyendo hasta el final para poder interpretar, correctamente, lo que está diciendo el TJUE.

Así pues, incumbe al juez nacional apreciar si las oposiciones, la figura del indefinido no fijo o la indemnización por despido improcedente son adecuadas para sancionar el abuso según el apartado 106:

“... incumbe al órgano jurisdiccional nacional apreciar, … si la organización de procesos selectivos …, la transformación de dichos empleados públicos en «indefinidos no fijos» y la concesión a estos empleados públicos de una indemnización equivalente a la abonada en caso de despido improcedente constituyen medidas adecuadas para prevenir y, en su caso, sancionar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada o medidas legales equivalentes, a efectos de esa disposición.”

Si bien, el juez nacional debe tener en cuenta las directrices del TJUE que entiende que ninguna de esas medidas son acordes a la Directiva:

“101 la organización de estos procesos es independiente de cualquier consideración relativa al carácter abusivo de la utilización de relaciones de servicio de duración determinada, no resulta adecuada para sancionar debidamente la utilización abusiva de tales relaciones de servicio ni para eliminar las consecuencias de la infracción del Derecho de la Unión. Por tanto, no parece que permita alcanzar la finalidad perseguida por la cláusula 5 del Acuerdo Marco (véase, por analogía, la sentencia de 21 de noviembre de 2018, De Diego Porras, C‑619/17, EU:C:2018:936, apartados 94 y 95).

102    … la transformación de los empleados públicos …en «indefinidos no fijos», … no permite alcanzar la finalidad perseguida por la cláusula 5 del Acuerdo Marco. …, a diferencia de la transformación, en el sector privado…

103    … concesión de una indemnización equivalente a la abonada en caso de despido improcedente, … debe tener específicamente por objeto compensar los efectos de la utilización abusiva de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada (véase, en ese sentido, la sentencia de 21 de noviembre de 2018, De Diego Porras, C‑619/17, EU:C:2018:936, apartados 94 y 95).

104    … es necesario además que la indemnización concedida no solo sea proporcionada, sino también lo bastante efectiva y disuasoria como para garantizar la plena eficacia de dicha cláusula.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)

de 19 de marzo de 2020

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima) de 11 de febrero de 2021

El TJUE lo deja claro y viene a confirmar el auto de Gondomar. Las autoridades nacionales de un Estado miembro están obligadas a transformar la relación temporal abusiva en una relación fija si en la Legislación de ese Estado miembro no existe ninguna medida sancionadora.

La cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada debe interpretarse en el sentido de que, cuando se haya producido una utilización abusiva de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada, a efectos de dicha disposición, la obligación del órgano jurisdiccional remitente de efectuar, en la medida de lo posible, una interpretación y aplicación de todas las disposiciones pertinentes del Derecho interno que permita sancionar debidamente ese abuso y eliminar las consecuencias de la infracción del Derecho de la Unión incluye la apreciación de si pueden aplicarse, en su caso, a efectos de esa interpretación conforme, las disposiciones de una normativa nacional anterior, todavía vigente, que autoriza la conversión de los sucesivos contratos de trabajo de duración determinada en un contrato de trabajo por tiempo indefinido, aunque existan disposiciones nacionales de naturaleza constitucional que prohíban de modo absoluto dicha conversión en el sector público.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima) de 11 de febrero de 2021

AUTO DE GONDOMAR. Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 30 de septiembre de 2020

El TJUE establece que es contraria a la directiva europea una normativa nacional, como la del empleado público en Portugal, que prohíbe la conversión en fijo en todo caso en un sector público, si la normativa nacional no incluye ninguna otra medida eficaz para evitar y, en su caso, sancionar el abuso de temporalidad en ese sector.

 

La cláusula 5 del Acuerdo Marco … de la Directiva 1999/70/CE del Consejo de 28 de junio de 1999, relativo al Acuerdo Marco CES, UNICE y CEEP sobre el trabajo de duración determinada, debe ser interpretada en el sentido que se opone a la legislación de un Estado miembro que prohíbe totalmente, en el sector público, la conversión de una sucesión de contratos de trabajo de duración determinada, en tanto esta legislación no prevea, en relación con este sector, otras medidas efectivas que eviten y, en este caso, sancionen la utilización abusiva de contratos de duración determinada sucesivos.

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AUTIO DE GONDOMAR. Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 30 de septiembre de 2020

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima), de 25 de octubre de 2018

Esta sentencia, del 2018, dejaba clara la postura del Alto Tribunal en relación con la protección de los derechos de los trabajadores y la prevención de abusos, concluyendo que el hecho de enjuiciar a un ente público no supone una excepción al cumplimiento de la normativa comunitaria.

 

En esta ocasión, el TJUE señala que la cláusula 5 del Acuerdo Marco impone límites a la utilización sucesiva de contratos de duración determinada con el fin de proteger a los trabajadores y prevenir abusos sobre ellos, si bien, deja a los Estados miembros la opción de adoptar una o varias medidas del citado Acuerdo.

 

La sentencia también es clara al concluir que la prohibición del derecho interno para no convertir los contratos de duración determinada en contratos de duración indefinida para no cumplir la citada cláusula 5 es contraria a los objetivos del Acuerdo Marco (estabilidad de empleo).

 

La prohibición de la normativa nacional de transformar los contratos de duración determinada en indefinidos solo podría ser admisible, según el TJUE, cuando el ordenamiento nacional disponga de una medida efectiva para sancionar “la utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada “garantizando una protección a los trabajadores. En caso contrario, cuando no se dispone de sanción, como ocurre en España, no puede aceptarse la citada prohibición de transformar una relación en fija.

 

El TJUE va más allá al afirmar que cuando la normativa nacional sanciona la utilización abusiva de los sucesivos contratos de duración determinada, pero no permite que esa sanción se apliquen en el sector público, la normativa nacional puede suponer una discriminación con los trabajadores del sector público, por lo que esa normativa nacional se opone a la cláusula 5 del Acuerdo Marco. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima), de 25 de octubre de 2018

SENTENCIA N.º 252/ 2020, Alicante, a 8 de junio de 2020, Ilma. Sra. Dña. MARIA BEGOÑA CALVET MIRÓ

Muchos se preguntan por qué, ante la contundencia del TJUE y del Derecho de la Unión,  demasiadas sentencias relativas al abuso de temporalidad nos están siendo desfavorables, sobre todo cuando se trata de fallos emitidos por las altas instancias judiciales donde, de hecho, deberían acumularse las mayores eminencias de nuestra judicatura y las más respetuosas y conocedoras de la primacía del Derecho de la Unión.

Pese a todo, y la mayoría de veces a contracorriente, siempre existen personas que destacan por sus aptitudes y no se dejan llevar por las tendencias, ni por criterios subjetivos, sino por el estricto cumplimiento de la ley y el derecho y, por supuesto, dando primacía al Derecho de la Unión.

Hablamos, ahora, de una sentencia  magistral en su argumentación y que es capaz de cumplir con la normativa comunitaria sin desvirtuar el ordenamiento jurídico interno. Hemos escogido el fallo de su Ilma. Sra. Dña. MARIA BEGOÑA CALVET MIRÓ, no solo porque, siguiendo las directrices europeas, declara la Fijeza para la demandante, sino por la calidad de la propia sentencia que supone un ejercicio magistral de argumentación y un deleite su lectura.

FALLO

Que debo ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por XXXX, frente a la Resolución de la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de octubre de 2019, por la que se desestima la reclamación presentada por la recurrente ante el Excmo. Ayuntamiento de Alicante, declarando la nulidad de la misma por no ser ajustada a Derecho, reconociendo, como situación jurídica individualizada el derecho de la recurrente al reconocimiento de su condición de empleado público fijo y a permanecer en el puesto de trabajo que actualmente desempeña con los mismos derechos y con sujeción al mismo régimen de estabilidad e inamovilidad que rige para los funcionarios de carrera comparables, sin adquirir la condición de funcionario de carrera.

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SENTENCIA N.º 252/ 2020, Alicante, a 8 de junio de 2020, Ilma. Sra. Dña. MARIA BEGOÑA CALVET MIRÓ

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha revocado la sentencia anterior, con una motivación bastante pobre, todo hay que decirlo. Esperamos que una jueza tan objetiva y con el trabajo tan impecable realizado, decida aprovechar la oportunidad de preguntar al TJUE hasta cuándo se va a permitir que la justicia española siga vulnerando las directrices que vienen de Europa y, por tanto, hasta cuándo se va a permitir el abuso de las administraciones.